No es insulto sino
memoria. Cuando Pinochet se dio cuenta de que no tenía más remedio
que restituir en algún grado –así fuera en grado de remedo– las
instituciones democráticas que había abolido tras el golpe militar
de 1973, mandó redactar una constitución a modo que le asegurara el
control del Legislativo. En ella se definió un número fijo de
senadores designados: tres por la Corte Suprema, dos por el propio
Pinochet y otros cuatro por el Consejo de Seguridad Nacional, o sea,
también por Pinochet, además de los ex presidentes, uno de los
cuales habría de ser el tirano mismo. De esa manera la dictadura se
garantizaba una bancada propia –un tercio del Senado– conformada
al margen de las urnas.
En el diseño del
congreso constituyente para la Ciudad de México el miedo a la
voluntad de la gente fue incluso más acentuado que en el Chile de
Pinochet y el régimen se aseguró el control del 40 por ciento de la
representación. Tiene razón Peña Nieto cuando dice que el nuevo
estatuto en proceso para la capital de la república es un triunfo
del Pacto por México: ese conglomerado de intereses oligárquicos y
mafiosos logró imponer a la sociedad capitalina un esquema de
constituyente con los dados cargados a favor de los poderes fácticos
y contrario al principio de soberanía popular.
De esta manera se
pretende asegurar que el texto constitucional para la capital
perpetúe en su redacción la abusiva injerencia presidencial que han
padecido los habitantes de la ciudad desde los orígenes de la
república y que no vaya a resultar contrario a los intereses de los
componentes del Pacto por México: las famiglias priístas
bajo la conducción coyuntural de Peña Nieto, las tribus perredistas
y los variopintos intereses coaligados en el panismo, más las
empresas políticas menores, también alineadas al régimen, así
como las candidaturas “independientes” que lo serán de partido
pero no de inversionistas a trasmano.
Los constituyentes
designados por los jefes de los ejecutivos federal y local
(sobre)representarán a poderes públicos emanados del fraude, en el
caso del primero, que compró los sufragios que le faltaban para
llegar a Los Pinos, y de la traición a sus votantes, en el caso del
segundo, quien al día siguiente de instalarse en el puesto empezó a
poner en práctica políticas contrarias a sus compromisos de
campaña. Con los constituyentes de la presidencia, la jefatura de
gobierno y el congreso federal se insuflará vida más allá de la
muerte a la correlación de fuerzas políticas que imperaba en 2012,
adulterada por la intromisión de intereses supranacionales –los
que dictaron el nuevo ciclo de reformas neoliberales–, el lavado de
dinero de las tarjetas Monex y Soriana y la inserción definitiva del
perredismo chucho en el régimen oligárquico.
El constituyente
capitalino estará formado por cien diputados y 40 de ellos serán
designados a dedo. Habida cuenta que las resoluciones deberán ser
aprobadas por dos tercios de los integrantes, el oficialismo estará
en condiciones de vetar cuanta propuesta sea considerada
potencialmente perjudicial por el régimen. A las facciones del Pacto
por México les bastaría con ganar, en conjunto, 26 de las 60
curules sujetas a elección para definir a sus anchas el texto
constitucional. Tal y como está definida, en suma, la reforma
política que convierte al Distrito Federal en Ciudad de México
busca perpetuar el secuestro de la voluntad popular capitalina por
los poderes federales –especialmente el Ejecutivo– y que tratará
de legitimar e institucionalizar las políticas privatizadoras,
opacas y autoritarias del mancerato.
Con todo, la
sociedad cometería un error grave si optara por marginarse del
proceso constituyente, el cual será un foro invaluable para exponer,
promover y defender, entre muchas otras cosas, los instrumentos de la
democracia participativa –revocación de mandato, consulta popular,
mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización de los
gobernantes por los gobernados–, la orientación social y pública
de la administración urbana, la incorporación de los derechos
indígenas al marco legal, el avance en los derechos y libertades de
género y reproductivos, la prohibición de convertir la
reglamentación citadina en oportunidades de negocio para
particulares, la codificación de normas urbanas y ambientales que
detengan el deterioro y el caos en la urbe, la derogación de los
preceptos represivos contenidos en la legislación local y la
supresión del Cuerpo de Granaderos, entre muchas otras cosas.
Si hay cohesión y
coherencia en las propuestas sociales y populares será posible
plasmar cambios reales en la constitución capitalina y avanzar hacia
la consecución de la plena soberanía popular en la capital de la
república.
1 comentario:
hICE UNA SOLICITUD A LA cdhdf PARA TRATAR DE FRENAR EL AGRAVIO DE UN CONSTITUYENTE ESPURIO. dE AHÍ ME RECOMENDARON IR A LA dEFENSORÍA, ESTE ES EL TEXTO QUE DEJARÉ AHÍ.
Al Instituto de la Defensoría Pública Federal.
A quien corresponda.
Como es de su conocimiento se ha aprobado la Reforma Política del DF y también se aprobó la instalación del Constituyente que albergará 100 diputados. De esos 100 representantes populares, 40 serán elegidos por integrantes del Ejecutivo Federal, local y partidos políticos. Como ciudadano presenté una solicitud para asesoría del cual presento una copia para su conocimiento a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (oficio OP-Q-51-16), ahí me avisan que podría promover un recurso de amparo con Ustedes por considerarme agraviado por parte de las instituciones que decidieron la conformación del Constituyente capitalino por las siguientes razones.
Dada mi edad, 56 años, he sido testigo de los penosos avances que ha conseguido el proceso democrático en México, específicamente en materia electoral. A pesar de que contamos con leyes e instituciones que vigilan y reglamentan, conducen y sancionan estos procesos tenemos en claro que nuestro país tiene un retraso histórico en ello. Los discursos democráticos están a flor de piel pero considero que hay, incluso, retrocesos. Por ejemplo, el que me trae ante Ustedes, el Constituyente capitalino. Se observa que:
Una elección, su concepto y naturaleza estriba en que los ciudadanos deciden por quien votar. En el Constituyente habrá 40 diputados no elegidos en las urnas. El concepto de representación popular, su espíritu de legitimidad, ¿no está violado cuando se designan representantes populares fuera del proceso electoral?
Dos. Un pleno, en cualquier Congreso local, Federal y Senatorial, se configura por una correlación de fuerzas establecida por las representaciones elegidas por los ciudadanos, de ahí se establecen o no alianzas y ese pleno adquiere una personalidad que está determinada por el voto. Al designar 40 diputados se fracturarán los sentidos del voto porque los diputados y su partido ya fueron elegidos por los acuerdos, aunque no los nombres, es decir ya hubo reparto de representaciones populares por cuotas partidarias y un velado, aunque inocultable, acuerdo de crear alianzas contra un partido, así se ha dejado ver en las declaraciones de ahora diputados. Esta imposición es un artero ataque al espíritu del sistema de partidos, las elecciones, el voto porque una mayoría se construye, acuerdos o no, mediante los diputados elegidos por el voto, no por un número de diputados impuesto que, groseramente, es el 40% de los representantes que estarán en el Constituyente.
A los representantes populares que están en el Senado se les olvidó que ellos están en la curul por el voto, haya sido como haya sido y que rompieron con un precepto democrático al acordar que la elección no pasa por ellos sino que tiene que pasar por los ciudadanos.
Los ciudadanos, por otra parte, sentimos que es un agravio más el hecho de que se va a disponer de recursos públicos de una manera extraordinaria para pagar el evento, el proceso electoral, los sueldos de los equipos de trabajo y los propios diputados no elegidos por los ciudadanos.
Consideramos un olvido preocupante que las instituciones electorales, la capitalina y la federal que ha anunciado coadyuvancia, no hayan emitido su postura ante un hecho que es el revés de una elección, el decreto de imponer representaciones.
Por todo ello, solicito de Ustedes, de la Institución, una orientación para abrir un proceso judicial que pueda alterar ese retroceso de los procesos democráticos electorales. La ruptura de la legitimidad, otra vez, está manifiesta por esta anunciada alteración a la decisión ciudadana de configurar fuerzas políticas en su Constituyente capitalino.
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