Ante
las informaciones en el sentido de que el dólar ronda los 20 pesos y
el kilo de tortilla, los 17, el gobierno federal manifiesta que tales
cifras no han sido inducidas de manera alguna por el ejercicio
gubernamental en curso. El problema está en las turbulencias
financieras internacionales; enfrentamos la volatilidad y aversión
al riesgo que existe con respecto a los mercados emergentes
utilizando de manera coordinada los diferentes instrumentos de
política fiscal y monetaria.
La
relación de la moneda nacional con respecto al dólar no puede
interpretarse como una devaluación de la primera sino como una
repreciación del primero debido a fenómenos foráneos y seguiremos
trabajando en forma responsable para preservar la estabilidad
macroeconómica. Si en la presente coyuntura en México el litro de
gasolina cuesta el doble que en el país vecino del norte y si allá
el salario mínimo equivale a 14 salarios mínimos nacionales ello
debe verse como una expresión de asimetrías que escapan a nuestro
control.
Algunos
integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes han
sido objeto de críticas por parte de malquerientes pero no hay en
ello responsabilidad alguna del gobierno federal: la administración
pública ha acatado puntualmente los señalamientos de esa instancia,
le ha brindado todo su respaldo, y si sus miembros son odiosos eso es
un asunto de opinión pública. El primer interesado en establecer la
verdad en torno a los dolorosos hechos acaecidos en Iguala es el
Poder ejecutivo Federal y, en consecuencia, se deslinda rotundamente
de tales críticas. Por otra parte, la administración pública ya
estableció más allá de toda duda razonable que los culpables de
esos sucesos fueron el señor José Luis Abarca y el grupo delictivo
conocido como “Guerreros Unidos”, como lo han reconocido de
manera voluntaria y espontánea decenas de autores materiales hoy
sujetos a proceso. No hay, en consecuencia, fundamento en los
señalamientos que buscan vincular el actual ejercicio presidencial
con los trágicos hechos referidos.
El
tema de las residencias de algunos funcionarios ya fue plenamente
esclarecido por las instancias pertinentes a las que corresponde,
conforme a derecho, investigar tales situaciones. Si la empresa Grupo
Higa y el señor Juan Armando Hinojosa Cantú decidieron prescindir
de algunas utilidades lo hicieron en estricto ejercicio de las
libertades que las leyes les otorgan, ello no representa
irregularidad de ninguna especie y la generosidad para con los altos
funcionarios no está tipificada como delito en el marco jurídico
nacional.
Cabe
recordar que el transporte aéreo presidencial que está por entrar
en servicio y que ha sido objeto de expresiones adversas procedentes
de algunos individuos insatisfechos con su propio nivel de vida fue
adquirido en el curso de la administración anterior y que no
existió, por ende, participación alguna del actual gobierno en la
decisión respectiva. Debe agregarse que una vez realizada la
adquisición habría sido sumamente oneroso cancelar o readjudicar la
aeronave de referencia; en esta circunstancia, debe reconocerse la
prudencia y el espíritu de sacrificio de la Presidencia de la
República, la cual optó por resignarse a incorporar dicho avión a
su conjunto de medios de transporte aéreo.
La
fuga del recluso Joaquín Guzmán Loera del penal de alta seguridad
del Altiplano (antes La Palma, antes Almoloya) no contó con la
participación de altos funcionarios de la administración pública
federal; tal acción fue resultado de una conjura entre celadores de
base y algunos directores de área, todos los cuales han sido ya
consignados. Prueba de la firme voluntad del actual gobierno en
contra de la delincuencia organizada y sus principales exponentes es
la recaptura del sujeto mecionado en un tiempo récord, en una acción
concertada de las instituciones policiales y militares con la
colaboración de autoridades de Estados Unidos y la producción de
una prestigiosa empresa televisiva.
El
gobierno federal está convencido de que la violencia en algunas
zonas aisladas del país es un fenómeno que está siendo
contrarrestado mediante la decidida actuación de las autoridades
estatales y federales y que muy pronto las organizaciones criminales
serán desmanteladas. La bronca está en los alcaldes.
Finalmente,
este gobierno expresa su compromiso inalterable con la vigencia de la
legalidad, la honestidad en el ejercicio del erario, las libertades
individuales, la soberanía nacional, la fortaleza de la economía,
la preservación del poder adquisitivo del salario y la dignificación
de la educación pública. No es nuestra culpa.
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