El Partido del Pacto
por México (PPM) ha reaccionado con un inocultable berrinche a la
inauguración de las ocho escuelas de educación superior financiadas
por Morena. Desde octubre del año pasado el secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño, había
descalificado esos planteles sin tener la menor idea de sus
planes de estudios, plantilla docente e instalaciones: las describió
como un “engaño para los jóvenes de México”. Tras la
inauguración de las escuelas, la dependencia que encabeza Nuño, y
que gestiona un sistema educativo en ruinas, saqueado por la
voracidad de los funcionarios y minimizado por la
determinación de crearle oportunidades de negocio a los
empresarios de la enseñanza privada, armó un alboroto porque las
escuelas profesionales aún no cuentan con el registro de validez
oficial de estudios.
Es inevitable
preguntarse qué espera la SEP para otorgar ese registro (que de
cualquier manera no garantiza educación
de calidad, ni mucho menos, a los planteles que ya lo
solicitaron, habida cuenta que cumplen con todos los requisitos para
obtenerlo.
Miguel Ángel
Mancera, ahora abiertamente entregado al peñato, no dudó en azuzar
a la SEP en contra de las escuelas universitarias, Dos días
después llamó a crear un “frente común” (con gobernadores
priístas y sin los planteles financiados por Morena, claro) para
abatir el número de jóvenes rechazados por las instituciones
públicas de educación superior del centro del país (150 mil). El
perredista Mauricio Toledo (un dechado de honestidad) tampoco
dudó en lanzarse en contra de los nuevos establecimientos, a los que
describió como “un acto inmoral y con posibles consecuencias
fraudulentas” y presentó un punto de acuerdo en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal para que la Contraloría General
capitalina hurgue en ellos en busca de la menor irregularidad. Por
supuesto, la mayoría del PPM en la Asamblea Legislativa aprobó
el acuerdo de inmediato. Hasta el rector de la UNAM, Enrique
Graue, se unió al linchamiento, opinando que las escuelas
profesionales “no deben operar” sin previo registro de la SEP ,
acaso sin pensar en el enorme favor que dichos planteles le hacen a
la Máxima Casa de Estudios, al aliviarle la presión social de las
decenas de miles de jóvenes que son rechazados por ella mediante un
examen de admisión que no está diseñado para aceptar a los mejores
sino para descartar al 90 por ciento de los aspirantes.
La semana pasada la
diputada local priísta Cynthia López Castro se
apersonó junto con sus guaruras en la Escuela de Derecho
“Ponciano Arriaga”, recién inaugurada, se puso a intimidar a los
alumnos que ingresaban al plantel y armó un escándalo. El
energúmeno fue rápidamente neutralizado por el director de la
escuela, Netzaí Sandoval, quien la invitó a pasar, le enseñó el
local y le expuso los planes de estudio. La legisladora se aplacó en
forma momentánea, acto seguido fue a
Twitter a decir que el plantel es “ilegal”. Y otra priísta,
la diputada federal Carmen Salinas, fue más directa: las escuelas,
dijo son “fabricas de huevones”.
La unanimidad del
régimen y sus personeros en contra de las escuelas universitarias
financiadas por Morena y sus representantes populares sugiere la
existencia de una orden oficial de ataque procedente de Los Pinos.
Más allá de eso, el ensañamiento, la desmesura y los desfiguros
hablan de la profundidad y la gravedad del golpe experimentado por el
PPM con la fundación de los ocho planteles. Para empezar, tales
escuelas constituyen un abierto desafío al designio gubernamental de
reducir la enseñanza superior gratuita a su mínima expresión.
No
es un dato menor el hecho de que la semana pasada dos nuevas escuelas
normales hayan abierto sus puertas, tras cuatro décadas de
hostigamiento presupuestal, legislativo, policial y propagandístico
en contra de esta clase de planteles. Por añadidura, los centros
financiados por Morena, gratuitos, restarán alumnado a los negocios
de paga –“patito”, esos sí– cuyo crecimiento descontrolado
ha sido auspiciado desde el gobierno federal en diversos sexenios. Y
el peor de los agravios: con la apertura de las nuevas escuelas se
pone en evidencia la pudrición de una casta gobernante que se
roba el dinero público que debiera servir en primer lugar para
atender las necesidades de la población en materia de educación,
salud y bienestar. Es lógico que rabien los exponentes de la
cleptocracia.
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