La decisión

Ahora Gustavo Madero, aún presidente del PAN, le dice a Enrique Peña Nieto que no le alcanza la legitimidad para ser presidente. No vayan a pensar que el dirigente blanquiazul tiene en mente desconocer a un todavía hipotético gobierno encabezado por el mexiquense, ni que piense, cuando así habla, apelar a los criterios de legitimación enumerados por Weber ni a los requisitos de validez, justicia y eficacia. A fin de cuentas, Peña es el candidato del régimen al que pertenecen el propio Madero, Felipe Calderón (el que no pudo disimular el regocijo cuando salió, con toda impropiedad y toda prisa, a ungir al priísta como su sucesor, cuando no había ni el remedo de resultados electorales) y la que fuera abanderada del panismo. Nada de eso. El regateo es más bien parte de la negociación de beneficios y cuotas al interior del grupo en el poder: “Con la novedad, Peña, de que la legitimidad no te alcanza; nosotros te proporcionamos la que te hace falta para que puedas tomar posesión sin sobresaltos”. La oferta de legitimación de Madero Muñoz, en este caso, se limita a la promesa implícita de no hacerla de jamón, como se dice en la calle, ante la imposición que se cocina.

Ya puede declarar Felipe Calderón que “la compra de votos es inaceptable” cuando la Fepade, controlada por sus subordinados, se hizo de la vista gorda y no movió un dedo para detener la alquimia inocultable que convirtió la candidatura presidencial más repudiada de la historia nacional en una victoria “clara, contundente e inobjetable”, según la fórmula jurásica de Jorge de la Vega Domínguez (1988). El IFE encabezado por Leonardo Valdés, por su parte, exhibió en días pasados su verdadero alineamiento al describir la inmundicia como “limpieza y legalidad”. Dispuestos a obedecer la consigna de sentar a Peña, “haiga sido como haiga sido”, en la silla presidencial, los personeros del régimen utilizan los señalamientos de fraude, en el mejor de los casos, como moneda de cambio para encarecerle el “triunfo” al mexiquense y obtener de él y de su grupo beneficios personales o grupales. “No te alcanza la legitimidad, mi rey. ¿Te acuerdas que en 2006 tú mismo me vendiste una poca?”

En tales circunstancias se aproxima la hora del tribunal electoral y, en teoría, éste tendría que fallar conforme a derecho sobre la procedencia o la anulación de la elección. Tal vez la razón jurídica sea factor único y absoluto para la toma de decisiones judiciales en la isla imaginada por Tomás Moro, pero vivimos en México, y aquí los togados suelen dar juego a otros elementos de juicio. Será el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando reciba, el jueves próximo, la impugnación de los comicios que presentará el Movimiento Progresista.

En primer lugar, pesarán los compromisos, intereses y amarres con el priísmo rampante que puedan tener los magistrados. Éstos sopesarán también el efecto que para su propia imagen pública habrá de tener el fallo. En tercer término tendrán que tomar en cuenta, sí, el grado de fundamentación y contundencia del alegato presentado. Finalmente, si existe una presión social considerable en términos de opinión pública y movilización, los magistrados no podrán sustraerse a ella.

De la manera en que se combinen esas cuatro variables dependerá que se logre, o no, invalidar una elección a todas luces viciada de origen por la intromisión de los medios electrónicos, por la compra y coacción de la voluntad ciudadana, por la infiltración de operadores priístas disfrazados de empleados del IFE –está documentada en video– y por los trapicheos a la antigüita con la papelería electoral.

La sociedad consciente y digna que rechaza la adulteración del veredicto popular no está, en la presente circunstancia, reducida a la impotencia, ni mucho menos. Tiene, en la construcción del recurso de impugnación y en la movilización pacífica y legal, instrumentos para incidir en la decisión más relevante que va a tomarse en la institucionalidad política en las próximas semanas.