La forma más simple y menos
costosa de impedir la restauración priísta es lograr que
los integrantes del Trife declaren la invalidez de la elección. Muchos dan por descontado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se limitará a ratificar los resultados que presentó el Instituto Federal Electoral desde la noche del 1 de julio y que, en resumen, atribuyen a Peña Nieto el triunfo en los comicios presidenciales de ese día con un margen de más de 7 puntos por encima de Andrés Manuel López Obrador. Quienes así piensan basan su predicción en uno de dos supuestos o en una combinación de ambos: a) que el Movimiento Progresista no será capaz de probar la comisión de irregularidades en 25 por ciento de las casillas, o más y que, incluso si lo consiguiera, b) los integrantes del Trife están al servicio de la oligarquía político-mediático-empresarial y delictiva que detenta el poder desde, cuando menos, 1988, y su su decisión está ya tomada, al margen de legalidades, a favor de la imposición del candidato priísta.
El cálculo es reduccionista. Por una
parte, el recurso legal interpuesto por el equipo de López Obrador
no se ha centrado únicamente en probar las ilegalidades cometidas
por Peña Nieto sino también en argumentar de manera sólida la
inconstitucionalidad de los comicios, toda vez que éstos no
cumplieron con diversos lineamientos establecidos en la Carta Magna
–entre ellos, los requisitos de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad y objetividad–, lo que da al Trife un
mayor margen jurídico de decisión. El segundo supuesto considera
que los magistrados electorales obedecerán criterios extralegales,
lo cual es estrictamente cierto, si se considera que prácticamente
no hay en el mundo un órgano judicial que tome decisiones única y
exclusivamente con base en la letra y el espíritu de la ley. En
diversos grados, los jueces toman en cuenta factores políticos,
económicos, históricos, de imagen pública y de conveniencia
personal.
Por lo que hace a los magistrados del
tribunal electoral en este tercer trimestre de 2012, es razonable
suponer su alineamiento mayoritario con los intereses que buscan
sentar a Peña en la silla presidencial. Pero no debe desdeñarse que
en el ánimo de los jueces puede pesar también el tamaño del
rechazo social al priísta y el grado de desprestigio al que los
propios magistrados se verían expuestos en caso de que resolvieran
dar por buena una elección manchada por el fraude.
El que estas últimas consideraciones
lleven a los integrantes del Trife a decretar la invalidez de las
elecciones depende, en gran medida, de la presión que la sociedad
organizada logre ejercer sobre esos que son, en última instancia,
sus empleados. En forma indirecta, esa presión se ejerce ya por
medio de marchas y actos de protesta. Ayer, los asistentes a la
Convención Nacional contra la Imposición, reunida en Atenco, acordó
impulsar acciones como tomas y bloqueos de Televisa y un plan para
impedir, mediante la movilización masiva, una eventual toma de
posesión de Peña Nieto.
Con este telón de fondo, los
magistrados no podrán ignorar que si convalidan una elección
fraudulenta estarán lanzando al país por un camino de inestabilidad
y de zozobra. Tampoco podrán pasar por alto que quienes voten por un
fallo legitimador del fraude lesionarán, con ese acto, su
respetabilidad social y se volverán objeto del repudio de la mayor
parte de sus conciudadanos.
Para hacer notar esta perspectiva a los
magistrados en forma nítida y contundente es necesario extender y
dar mayor coherencia a la suma de descontentos sociales que convergen
en el rechazo a la imposición de Peña Nieto. En otros términos, se
requiere de una sociedad movilizada y no sólo dispuesta a impedir
esa imposición, sino también a hacer sentir su existencia a los
integrantes del Trife. En esa instancia judicial se juega el futuro
inmediato de la democracia en el país y es en las calles y en las
redes sociales en donde, una vez presentado el recurso de
inconformidad electoral, puede lograrse mayor incidencia en su
decisión.
Es razonable suponer, por otra parte,
que los magistrados electorales están siendo, desde el jueves
pasado, sometidos a intensas presiones por personeros del régimen
oligárquico para que fallen a favor de la imposición. El desafío
del momento para las fuerzas sociales democráticas es ejercer una
presión de sentido contrario a fin de contrarrestar, y vencer, a la
del régimen.
Además de las movilizaciones
multitudinarias, legales y pacíficas, es pertinente comunicar a los magistrados, de manera directa, el mensaje de la ciudadanía que se opone a una nueva usurpación. Una forma de hacerlo es dirigir a los magistrados en forma respetuosa, fundamentada y firme, la mayor cantidad posible de posicionamientos individuales a favor de que se invalide la elección del pasado 1 de julio. ¿Cómo? Pues llamándolos por teléfono y enviándoles correos electrónicos:
TEPJF. Conmutador: 57282400
José Alejandro Luna Ramos
(alejandro.luna@te.gob.mx)
ext: 3858
Manuel González Oropeza
(manuel.gonzalez@te.gob.mx)
ext: 3892
Constancio Carrasco Daza
(constancio.carrasco@te.gob.mx)
ext: 3893
Salvador Olimpo Nava Gomar
(salvador.nava@te.gob.mx)
ext: 3862
Flavio Galván Rivera
(flavio.galvan@te.gob.mx)
ext: 3860
Pedro Esteban Penagos López
(pedro.penagos@te.gob.mx)
ext: 3861
Ma. del Carmen Alanís Figueroa
(carmen.alanis@te.gob.mx)
ext: 386
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