La hora del Trife

La ventaja de Peña Nieto en los resultados procesados y presentados por el IFE es producto de una montaña de inmundicias varias, desde delitos graves hasta inmoralidades menores. Pero el desaseo de la campaña priísta y de los comicios –permitido y solapado por la autoridad electoral– no empezó el día de la elección, y ni siquiera en el arranque de las campañas políticas, sino que fue la culminación de un largo proyecto orientado a consolidar repetir el secuestro de la voluntad popular que se perpetró en 2006 y a consolidar el procedimiento anticonstitucional, antidemocrático e ilegal de imposición de jefes de Estado que se probó por primera vez hace seis años (o hace 24, si se cuenta el fraude de 1988 y la imposición de Salinas):

Tomar a un político cualquiera, uncirlo al programa depredador de los grandes capitales y convertirlo en candidato triunfante por medio de inversiones masivas en publicidad (para glorificarlo y para denostar a sus adversarios), injerencia de los poderes públicos, inyección de recursos del erario, preferentemente en las zonas más depauperadas del país y en las de mayor atraso político, sometimiento de la autoridad electoral, aprovechamiento de los métodos “tradicionales” para defraudar (robo y falsificación de papelería electoral, relleno de urnas, coerción a comunidades para que sus miembros voten de manera uniforme por el candidato del régimen, generación de incidentes violentos en las casillas) y de los medios cibernéticos para ajustar los resultados a favor de la causa propia y en detrimento de los competidores.

Una vez que se ha conseguido el grado deseado de adulteración de las cifras, éstas se anuncian con bombo y platillo, procurando causar un efecto de aniquilación en el ánimo de la oposición. Con diversas variantes y matices, así operó el régimen en 1988, en 2006 y ahora. En esas elecciones, el espíritu y la letra del artículo 39 constitucional se han adulterado hasta operar una reforma de facto de ese pasaje de la Carta Magna para que diga algo así como esto:

“La soberanía nacional reside esencial y originalmente en las oficinas gubernamentales, la televisión privada, la embajada de Estados Unidos y los grandes corporativos financieros y energéticos transnacionales. Todo poder público dimana de estos actores y se instituye para beneficio de ellos. Los gobernantes, los concesionarios de los medios, la representación del país vecino y los intereses empresariales tienen en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

El fraude priísta consumado hace unos días pretende perpetuar, por otros seis años, la alteración del orden constitucional y electoral que ha conllevado el calderonato desde su inicio. Pero las condiciones políticas del país han cambiado dramáticamente con respecto a 2006.

Las izquierdas electorales no son ya una masa amorfa y desarticulada de intereses burocrático-partidistas, entusiasmos ciudadanos sueltos y buenas voluntades a la deriva. En el tiempo transcurrido desde la imposición de Calderón se ha creado el Movimiento de Regeneración Nacional, una organización independiente, ciudadana y de base, con estructura y proyecto de nación, que ha sido capaz de dar cohesión a las alianzas partidarias y contenidos a las candidaturas, así como de aportar presencia y vigilante en las casillas y en los conteos distritales. De origen mucho más reciente, el movimiento #YoSoy132 ya encarnado el hartazgo social ante un régimen transexenal y transpartidista que sobrevivió a la alternancia de 2000 y que se mantiene, más o menos intacto, por medio del terrorismo de Estado, la corrupción masiva y la inveterada red de complicidades entre los capitales financieros, la mayor parte de la clase política y la delincuencia organizada.

Siguiendo al pie de la letra la fórmula introducida por Salinas, este régimen genera zonas demográficas de pobreza extrema para movilizarlas hacia las urnas a cambio de dádivas que pueden parecer insignificantes y hasta ofensivas para las clases medias, pero que resultan inapreciables para quienes viven con uno o dos salarios mínimos: despensas, electrodomésticos, bicicletas, tanques de gasolina, saldo telefónico y tarjetas prepagadas de Soriana.

Una porción significativa de los sectores medios que votaban tradicionalmente por el PRI y por el PAN han terminado, en este sexenio de pesadilla, por caer en la cuenta que ambos partidos representan lo mismo en términos de gestión económica neoliberal, opacidad administrativa, claudicación internacional, ineptitud política, insensibilidad social y turbiedad extrema en materia de combate a la delincuencia. Es significativo, a este respecto, que en todos los simulacros de votación realizados en centros de educación superior –en los que son predominantes las clases medias y altas– López Obrador arrasó con preferencias de hasta el 85%, en tanto que Peña Nieto se hundió hasta el tercer o cuarto lugar.

La dimensión del operativo para distorsionar la voluntad popular creció en forma inversamente proporcional a la caída en picada, desde noviembre pasado, de la popularidad de Peña Nieto. Los elementos de juicio disponibles indican que se contrató a las casas encuestadoras no para que retrataran las tendencias electorales sino para que las encubrieran e inventaran cifras y gráficas inmunes al rosario de catástrofes sufrido por el aspírante priísta –desde los tres libros que no leyó hasta su pánico a debatir y los estadios que se le vaciaron a medio discurso–. The New York Times lo dijo con mucha claridad en un despacho de su corresponsal en México: en cualquier otro país, un candidato como Peña Nieto, lastrado por sus infidelidades conyugales, sus expresiones públicas de ignorancia, sus desatinos declarativos y el sólido repudio que provocó entre los estudiantes, habría caído al último lugar en las encuestas. Pero no en México. El reportero del periódico neoyorquino ya no se formuló la siguiente, casi inevitable, pregunta: ¿Por qué no en México? La respuesta es simple: porque en este país la democracia es una simulación y porque aquí las encuestas no necesariamente reflejan tendencias reales sino el interés del cliente que las paga.

Éste es el telón de fondo de la interposición, por el Movimiento Progresista, de un recurso legal en demanda de la invalidación de las elecciones. Los argumentos legales contenidos en él son tan contundentes como las pruebas de inequidad, compra de votos, operativos priístas con dinero público –que posiblemente implican desvío de recursos– y aportaciones privadas, en moneda o en especie, que sobrepasan, con mucho, el límite total de gastos de campaña estipulados en la ley. Ejemplos sencillos y claros: el total de anuncios espectaculares contratados por el PRI para promover a su mercancía presidenciable, la frecuencia y cantida de aeronaves privadas usadas por éste para sus traslados por el territorio nacional, los contratos multimillonarios entre el Estado de México –encabezado por Eruviel Ávila,una suerte de chambelán del candidato– y Soriana.

Ahora, el tribunal electoral está obligado a dar curso, quiera o no, a la queja presentada por las izquierdas y decidir, en definitiva, si anula la elección y ordena una nueva, o bien si la da por buena. De aquí al 5 de septiembre el país pasará por unas semanas tensas. ¿Qué factores entrarán en juego en su decisión? –El lunes próximo lo vemos.