Señoras y señores magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
Magdos. José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís
Figueroa, Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera, Manuel
González Oropeza, Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos
López:
Como hace seis años, el organismo que
ustedes integran tiene ante sí la tarea de juzgar la validez, la
legalidad y la legitimidad de una elección presidencial. En 2006 el
TEPJF dio por bueno un proceso electoral viciado, irregular y oscuro,
proclamó presidente electo a Felipe Calderón. Ante las
inconformidades, las autoridades electorales se negaron a exhibir las
pruebas del supuesto triunfo del aspirante panista –esto es,
rechazaron el conteo voto por voto– y la instancia que ustedes
encabezan decretó la validez de unos comicios en los que, según los
propios magistrados el entonces presidente Vicente Fox, el Consejo
Coordinador Empresarial y el partido que está a punto de dejar el
poder cometieron transgresiones a la legislación electoral. Ese
fallo causó, con ello, un gravísimo daño a las instituciones
republicanas y al país en general: generó una fractura política en
la sociedad, erigió una presidencia ilegítima a ojos de un
importante sector de la población, sentó un precedente de impunidad
para delincuentes electorales y minó severamente la confianza de la
gente en los procedimientos democráticos como generadores de
consenso y de solución pacífica de las diferencias. El sexenio que
termina deja un saldo catastrófico de estancamiento o regresión en
todos los ámbitos de la vida nacional y buena parte de ese saldo es
atribuible a la ilegitimidad de origen del propio Calderón.
En el momento presente ustedes
enfrentan la disyuntiva de repetir aquella decisión trágica y
validar unos resultados electorales oficiales asentados sobre una
montaña de irregularidades y de presuntos delitos o de sanear la
vida republicana y garantizar la estabilidad política e
institucional mediante la nulificación del proceso.
Ustedes no ignoran que los poderes
fácticos pretenden, entonces como ahora, revestir con una cáscara
de legalidad un resultado electoral obtenido por medios ilegítimos:
desde el inicio de una campaña de facto con seis años de
antelación, con la ayuda de los medios electrónicos, hasta la
inyección masiva de dinero de dudosa procedencia –recursos
públicos, en algunos casos– para obtener millones de votos a
cambio de dinero. Esta inadmisible corrupción de la voluntad
ciudadana se realizó en los sectores más pobres del país,
aprovechando las circunstancias de necesidad y miseria de los
votantes.
Ustedes están conscientes de que las
prácticas referidas son manifiestamente ilegales y que en su momento
no fueron evitadas, investigadas ni sancionadas por el Instituto
Federal Electoral (IFE) ni por la Fiscalía Especializada en la
Atención a delitos electorales (Fepade), organismos que ostentaron
un comportamiento manifiestamente omiso. Para ustedes, como para
todos, es claro que si no se hubiera recurrido a métodos como los
señalados, es decir, si los comicios de julio pasado hubieran sido
realmente libres, el aspirante presidencial priísta no habría
obtenido la mayoría de los sufragios. Para el país, ustedes
incluidos, es claro que un candidato impopular y rechazado no puede
ganar unos comicios, a menos que se recurra a acciones ilícitas para
adulterar la voluntad popular y simular que los ganó.
Es de suponer que ustedes estarán
sometidos –como está sometido el país en su conjunto– a
intensas presiones para que decreten, pese a todo, la legalidad y
validez de la elección del 1 de julio es legal y válida.
Señoras y señores magistrados:
resistan a esas presiones, dejen de lado los intereses particulares
que pudieran tener en este caso y obedezcan a su conciencia.
Otórguenle una oportunidad al país, a la democracia, a la
estabilidad y a la gobernabilidad, a la credibilidad del alto
organismo jurisdiccional que integran, a la propia respetabilidad y
honorabilidad de ustedes como jueces. Invaliden estos comicios
presidenciales viciados e inverosímiles y sienten un precedente
contra los poderes fácticos que han venido ensuciando y
distorsionando los procesos electorales en el país. Abran las
puertas a la renovación de la vida republicana del país que puede
iniciarse en el lapso de una presidencia interina. De ustedes
depende. Ahórrenle al país otra catástrofe.
1 comentario:
Excelente artículo Pedro. Sería de todo punto conveniente que lo leyeran los magistrados.
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