Se llamaba fulano de tal y es una de las víctimas de esta guerra. Eso y su nombre eran los únicos datos que tenía de la persona que me llevó a la marcha por la paz, la justicia y la vida, el sábado 20 de octubre. Habría podido llamarse María Luisa, Félix, Ignacio, Juan o Claudia. No sabía a qué edad fue asesinado ni su lugar de procedencia ni de residencia. No sabía qué música le gustaba, ni si fue inocente o culpable de algo, si era gay o buga o bisexual, alto o bajo, gordo o delgado.
Un deudo se topa contigo en las redes sociales y te cuenta que no podrá asistir, que no vive en el DF y que no tiene dinero para viajar. Te comparte lo único que tiene: el dolor por su muerto. Y te das cuenta que acaban de poner entre tus manos algo tan inapreciable como una vida humana: una muerte, un hueco doloroso pringado de recuerdos y de consecuencias, una rabia. Lo que queda. Hay que escribir ese nombre en la veladora en blanco y bautizar con él la oquedad causada por esas decenas de miles que ya no están.
No se trata únicamente de sentir un eco del dolor que ha cimbrado a la familia –que la sigue cimbrando y que la cimbrará por el resto de las vidas de cada uno de sus miembros– sino también de asomarse a la indignación y la impotencia. Y eso lleva al reclamo ineludible de justicia.
Todos conocemos el dolor de la muerte. Es una cosa que no cicatriza nunca. Uno, simplemente, se acostumbra a que duela: convierte el dolor en parte de su condición; de su riqueza y su miseria. Es lo que se llama “lo irreparable”.
La indignación y la impotencia, en cambio, sí que se pueden sanar mediante un acto de justicia: esclarecer, dar con los responsables materiales, intelectuales y políticos, someterlos a juicio. Arrebatarles el control que siguen ejerciendo, por medio de su impunidad, sobre la víctima.
La petición de perdón a los deudos sin que se haya hecho justicia es una canallada pacata. El perdón sin justicia es un doble despojo y un doble crimen: “ya te quitamos a tu ser querido; ahora entréganos tu rabia, y a cambio, no te daremos nada”.
Cuando se tiene un atisbo del dolor de los enlutados uno cae en la cuenta de las responsabilidades eslabonadas por esta guerra: la víctima y el asesino material no son protagonistas aislados ni únicos: la primera fue colocada en situación de vulnerabilidad y el segundo fue dotado de poder por designios específicos y conscientes de terceros. Verdugo y víctima han sido, por así decirlo, colocados en el sitio del crimen por una voluntad superior que no es Dios, o sí, pero con mediaciones indispensables: las decisiones que refuerzan la violencia armada como vía de solución de conflictos.
En este punto uno no puede hacerse tonto ante el hecho de que el país ha sido explícita y deliberadamente colocado en una situación de guerra por una camarilla gobernante, ni ignorar que la guerra era evitable, que el combate al crimen no implica, ni tiene por qué implicar, una declaratoria de conflagración generalizada, toda vez que hay leyes e instituciones para enfrentarlo con policías y jueces.
Uno cae en la cuenta también, que el designio bélico no pudo ser una mera expresión de estupidez porque hay muchos y variados beneficiarios netos: el propio narcotráfico, tan favorecido por el “combate” en su contra; las entidades financieras que se han hinchado lavando dinero; los estamentos militares y paramilitares que se han hecho con el control directo de extensas regiones; las empresas de “seguridad”, “protección” e “inteligencia” que pululan en torno al cadáver de un país en guerra; los organismos estadunidenses a los que se ha dado manga ancha para que intervengan en los asuntos internos y decidan los rumbos de la destrucción; los fabricantes y mayoristas de armamento y equipo de vigilancia... Cuánto pingüe negocio se ha realizado al amparo de la guerra calderonista.
Uno hace conciencia, asimismo, que las decenas de miles de millones de dólares de dinero público invertido en la estrategia bélica, las utilidades que esa montaña de dinero ha generado en un puñado de empresas zopilotas, y las canonjías y privilegios de una turba de encorbatados “expertos” en seguridad, son la otra cara de la moneda de las decenas de miles de muertos.
Uno se da cuenta de que fulano de tal no murió en el marco de un esfuerzo del poder público por consolidar el estado de derecho, sino que fue asesinado para que alguna empresa respetable pudiera repuntar en la bolsa, para que alguien estrenara una camioneta de medio millón de pesos, para que el país, la región, el estado y el municipio se convirtieran y se mantuvieran como un mercado de armas, protrección, violencia y mierda. Y uno se da cuenta que no puede haber perdón ni fraternidad ni transigencia hacia la camarilla de criminales de lesa humanidad que nos han metido en esto y que la única interacción humana con ellos es pugnar porque sean llevados a un tribunal y sean obligados, allí, a devolvernos lo más valioso de cuanto nos han robado: la confianza en la especie.
Luego, uno regresa agradecido por haber podido compartir en una ínfima medida el dolor de una familia y busca en Internet y se encuentra con que fulano de tal se llamaba Luis Carlos Verdín Durán, que tenía 36 años al momento de su muerte, que era oficial de la policía municipal de Tepic y que fue asesinado junto con dos de sus compañeros: la mañana del 24 de agosto de 2009 la patrulla en la que viajaban fue emboscada y atacada con ráfagas de AK-47 en el bulevar Tepic-Xalisco. El gobernador Ney González Sánchez dejó caer insinuaciones sobre la infiltración de la delincuencia organizada en la corporación policial y el alcalde Roberto Sandoval Castañeda, opinó que se trató “de un asunto personal entre el comandante y los sicarios”. El cuerpo de Verdín Durán fue entregado por el forense a sus familiares en un ataúd sellado y bajo la expresa prohibición de abrirlo: “No hay nada que ver”, les dijeron.
Se llamaba Luis Carlos Verdín Durán y era policía, pero habría podido ser soldado, estudiante, madre, pistolero raso, líder agrario, niño, capo, activista o comerciante, y habría podido llamarse Ismael Solorio, Juan Francisco Sicilia, Martha Solís, Marisela Escobedo, Javier Arredondo, Josefina Reyes o Martín Almanza Salazar, o de cualquier otra de las 65 mil maneras en las que se nombra a la muerte violenta y sin sentido en este país. Uno sigue ignorando su talla y su estatura, sus gustos musicales, su preferencia sexual, su religión, si la tenía, su estado civil, su situación legal y todo eso que carece de importancia ante la infinita indiferencia de la muerte, pero uno se da cuenta de que era un ser humano y que no merecía morir así, como no lo merecía ninguno de los otros, y que los culpables de llevar al país a este desastre deben ser juzgados.
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