12.8.07

Recordatorio


En el sistema mexicano de justicia penal y de seguridad pública es común el uso de la tortura y los malos tratos durante la detención y para extraer una ‘confesión’. [...] A la mayoría de los presuntos delincuentes se le niega el acceso a asistencia y representación letrada adecuada en el momento de la detención, cuando más peligro corren de sufrir tortura e intimidación. Las autoridades desestiman o ignoran de forma sistemática las denuncias de malos tratos bajo custodia y, cuando hay denuncias de tortura o malos tratos, la carga de la prueba recae sobre la víctima. La detención arbitraria y en régimen de incomunicación, la tortura y los malos tratos se producen con mayor frecuencia cuando los sospechosos son detenidos en virtud de las disposiciones que se aplican en caso de delito flagrante, que no requieren órdenes judiciales de aprehensión y cuyo ámbito de aplicación es muy amplio. En la práctica, las personas sospechosas de haber cometido un delito a menudo son consideradas culpables hasta que se demuestra su inocencia.

Los agentes del Ministerio Público tienen poderes excesivos para determinar el valor de la prueba. Las normas de procedimiento y las decisiones judiciales animan a los jueces a presumir la credibilidad y la legalidad de las pruebas presentadas por los agentes del Ministerio Público, sin garantizar explícitamente su examen con arreglo al principio de presunción de inocencia de la persona sospechosa. Amnistía Internacional ha documentado muchos casos en los que se autorizan la detención y el procesamiento sobre la base de pruebas insuficientes o falsificadas.”

Amnistía Internacional – Mayo de 2007


... Y éste señor es Francisco Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación

1 comentario:

getsemaní barajas dijo...

Porque no podemos olvidar..... recuerde señor Ramírez Acuña que esto sucedió cuando era gobernador del estado de Jalisco:


Paris, 25 de Agosto de 2004 - La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de acuerdo con sus asociaciones miembro en México, la Comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos (CMDPDH) y la Liga mexicana por la defensa de los derechos humanos (LIMEDDH), expresa su extrema preocupación por las declaraciones del gobernador de Jalisco, realizadas el pasado 17 de agosto y por la decisión del ayuntamiento de Guadalajara (Estado de Jalisco), tomada el 19 de agosto, de no investigar las violaciones de derechos humanos contra manifestantes ocurridas durante la IIIa Cumbre de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, que tuvo lugar en Guadalajara en mayo de 2004.
Dicha decisión se produce tras la publicación de un informe el pasado 16 de agosto de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)1 que determinaba que la policía de Guadalajara incurrió en graves violaciones de los derechos humanos como retenciones ilegales, incomunicación, tratos crueles y degradantes contra decenas de manifestantes e incluso actos de tortura contra al menos 6 de los manifestantes, aunque de acuerdo con la sociedad civil los actos de tortura se habrían producido contra al menos 19 personas.
En efecto, el 28 de mayo de 2004, una manifestación pacífica que se produjo de manera paralela a la Cumbre de Guadalajara, fue violentamente reprimida por la policía, de la que resultaron detenidas al menos 111 personas, de las cuales 49 se encuentran en proceso, 17 permanecen en prisión, y 12 sin derecho a fianza.
La FIDH recuerda al gobierno de Jalisco su obligación de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de manifestación, proclamados en particular en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La FIDH llama al gobierno de Jalisco a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en particular a iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los actos abusivos por parte de la fuerza pública con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicar las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.
Además urge a que proceda a la liberación inmediata e incondicional de los detenidos arbitrariamente en el marco de estas manifestaciones.
Del mismo modo, la FIDH insta a los organismos internacionales y regionales y en particular a la Unión Europea a recordar al gobierno de Jalisco que las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por los Estados Unidos Mexicanos a nivel internacional, también les compete y les obliga.


Información proveniente de www.mexico.indymedia.org