Aviones

Empezamos a habituarnos a la vergüenza de ser colonia: no lo descubrieron las autoridades mexicanas, sino las gringas, aunque el episodio delictivo involucre a dependencias, funcionarios y dinero de nuestro país. Aún no tiene nombre, como los escándalos famosos (Watergate, Pinocheques, Caso Gürtel…), pero ya tomó impulso. Seis funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (ese orgullo del régimen), de los gobiernos de Sonora y Sinaloa y de la propia Presidencia de la República recibieron dinero para otorgar contratos por más de 20 millones de dólares en mantenimiento, reparación e inspección de aeronaves entre 2004 y 2009. La sobornadora: la firmas estadunidense BizJet International Sales & Support, de Tulsa, Oklahoma.

En noviembre de 2008, pocos días después de la caída del avión en el que viajaba Juan Camilo Mouriño, publiqué esta anotación: si era cierta la explicación oficial de ese “accidente”, entonces “sería inevitable concluir que lo que mató a Mouriño, a Santiago y a los otros, fue el afán del grupo gobernante de desregular, privatizar y subcontratar todo –llevándose tajadas y comisiones bajo el agua–, hasta las compras de aeronaves para el gobierno federal y el reclutamiento de los respectivos pilotos. Es una gran paradoja que quien fue secretario de Gobernación haya sido, mientras le duró la vida, uno de los grandes beneficiarios de tal empeño.”

Hoy, gracias a las autoridades de la metrópoli (es decir, las de Washington, porque en el México de Calderón nadie investiga nada), podemos confirmar que la adjudicación de contratos de mantenimiento, reparación y verificación de aeronaves al servicio del gobierno no se realiza por concurso ni se selecciona a las empresas más profesionales y sólidas para esa tarea, sino que se contrata a las que ofrezcan una chuleta de decenas o cientos de miles de dólares.

No es necesario acudir a las tesis del atentado. Con las corruptelas basta para que a Felipe se le caigan los secretarios de Gobernación.