En la madrugada del jueves 21 de junio
elementos de la Marina derribaron a golpes la puerta de un domicilio
en Zapopan, Jalisco, sembraron armas y dinero y se llevaron detenidos
a los hermanos Félix Beltrán León y Kevin Beltrán Ríos (24 y 19
años). Horas más tarde, la Procuraduría General de la República
(PGR) anunció que había capturado a Jesús Alfredo Guzmán Salazar,
hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. En menos de 24 horas el
teatro se cayó cuando la verdadera identidad de los detenidos fue
dada a conocer por sus familiares y abogados.
En la operación participó, en grado
de protagonista, la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA): esa
instancia extranjera fue la que pasó la información para las
detenciones a la Secretaría de Marina y, una vez practicados los
arrestos, agentes de la DEA interrogaron a los muchachos y
presionaron a Félix para que se asumiera como hijo del
narcotraficante sinaloense:
“Primero le dicen que acepte que es
el hijo de El Chapo y que se podría aclarar su situación
después de las elecciones. Querían que firmara las declaraciones
que le presentaron los de la Siedo. Entonces él les respondió que
no iba a firmar nada, y no lo hizo, afortunadamente. Le insistieron:
‘tú
acepta, ahorita firmas tu declaración y luego se hace la aclaración
que no eras’;
después, cuando se convencieron de que no aceptaría, le dijeron:
‘queremos
que inculpes a las personas que nosotros te digamos y sales ahorita’,
pero tampoco quiso.”
El testimonio anterior, expuesto por el
representante de Beltrán León, Juan Heriberto Rangel Méndez, deja
a la vista varias cosas. La primera, el escandaloso nivel de
intromisión de las autoridades estadunidenses en la guerra de Felipe
Calderón; la segunda, que la DEA quería a toda costa obtener un
rédito político de las detenciones para endosarlo a la cuenta del
PAN, lo que deja ver, además de una injerencia policial, una
injerencia electoral inequívoca; la tercera, que los policías del
país vecino no son más escrupulosos que sus pares mexicanos a la
hora de arrancar confesiones fabricadas; la cuarta, que a unos y a
otros la justicia les importa un rábano; la quinta, que en este país no sólo
se persigue a los delincuentes sino también, en automático, y por
instrucciones de Washington, a sus familiares, sean o no culpables.
Pese al flagrante error, los hermanos
Beltrán fueron arraigados por 40 días, con base en las armas y el
dinero que fueron “sembrados” en su casa de Zapopan... por los
propios marinos.
El caso es paradigmático de la vesania
que rige a los aparatos de procuración de justicia en el
calderonato: se rinde la soberanía nacional a la DEA, se atropella a
inocentes, se hace un ridículo monumental, se violenta todo marco
legal citable, se produce una nueva obra de demolición en la
credibilidad de las instituciones y no se rectifica por ningún
motivo.
Estas son las formas de ejercicio del
poder que el PAN fue aprendiendo del PRI a partir de 1988, cuando
ambos partidos establecieron un pacto tácito de cogobierno que pasó
por la legitimación de Salinas, las concertacesiones de los años
noventa, la implacable persecución judicial de los zapatistas
chiapanecos (ordenada por un presidente priísta y ejecutada por un
procurador panista) y la aprobación del Fobaproa, hasta llegar al
enroque partidista de 2000 en la Presidencia.
Ahora el PRI pide la devolución de la
sede para seguir haciendo algo así como lo mismo: acuérdense de lo
que fue el manejo de la justicia durante la gestión mexiquense de
Peña Nieto, desde Acteal hasta Paulette.
Por donde se le vea, este régimen debe
ser derrotado en las urnas el domingo próximo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario