La verdad como injuria

Borbón y Ortiz, caricaturizados

• El Jueves, censurada
• Lo público, lo privado y lo monárquico

El escándalo de la hora en España no es la caricatura en la portada de la revista El Jueves, en la que aparecen Felipe de Borbón y su mujer, Letizia Ortiz, copulando en posición “de perrito”, ni los globitos de diálogo en los que el príncipe heredero le dice a su consorte: “¿Te das cuenta? ¡Si te quedas preñada, esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida!” Imagen y palabras hacen referencia a dos hechos puntuales: el primero es la disposición aprobada el 12 de julio por el gobierno español para que el Estado otorgue un pago único de dos mil 500 euros a cada pareja –con residencia legal, claro-- que traiga un nuevo hijo al mundo o que lo adopte; el segundo es el estatuto constitucional de Borbón y Ortiz como engendradores de candidatos al trono. Por tal función –que no se les conoce otra oficial— el Príncipe de Asturias y su mujer tienen derecho a ser mantenidos, y con qué tren de vida, por el conjunto de los contribuyentes españoles.

El escándalo es que la Fiscalía General del Estado pidió al juez Juan del Olmo que secuestrara todos los ejemplares de la revista, que el magistrado dio curso a la solicitud, y entonces la fiscalía fue más allá: exigió a Del Olmo que adopte las medidas necesarias para cerrar la página web de la publicación, en la cual aún aparece la viñeta. Del Olmo consideró que la caricaturización de “Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y Su Alteza Real la Princesa de Asturias en actitud claramente denigrante y objetivamente infamante” y “provocan un grave menoscabo del prestigio de la Corona”, lo que en España es delito: en un apartado del Código Penal vigente se estipula que “el que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son”, y que “las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas [...] serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses; se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”.

Juan del Olmo: paquete

Del Olmo es un genio: logró catapultar a la fama mundial una caricatura que, de no ser por su acto de censura, habría pasado más bien inadvertida. Los directivos de la revista El Jueves deben estarle eternamente agradecidos por la publicidad invaluable que les ha regalado.

Caricaturistas, asociaciones periodísticas, centrales sindicales, partidos políticos y juristas han criticado la medida judicial y señalan que se trata de un atentado inadmisible a la libertad de expresión. “Líderes de opinión” diversos han salido en defensa de la “dignidad” y el “honor” de la pareja Borbón-Ortiz, como si fuera indigno y deshonroso tener relaciones sexuales en la posición que sea, o como si resultara difamatorio mencionar que los príncipes cogen, follan, joden, o como quieran decirlo, y que de ello hay como pruebas concretas dos personitas que reciben el título de infantas. Esto sí que se ha vuelto un follón.

Es significativo que los presuntos afectados no interpusieron querella alguna; ésta fue turnada de oficio en cumplimiento de disposiciones legales concebidas para cuidarles las espaldas (y las colas) a personas específicas, en lo que constituye una regulación discriminatoria y excepcional. La supuesta ofensa no es contra Borbón y Ortiz, sino contra el Estado. Hubo algunas puñaladas por la espalda: “A cualquiera de nosotros y de nuestros familiares no nos gustaría que nos dibujaran en una situación como en la que aparecen los Príncipes de Asturias”, opinó el inocuo José María Varona, vicepresidente de la federación de Humoristas Gráficos de España, sin ponerse a pensar que de llegar a ocurrir algo semejante –digamos, que Juan Carlos de Borbón tuviera el talento para dibujar al propio Varona y a su pareja practicando un 69— él se encontraría en doble desventaja; primero, porque ninguna institución del Estado perseguiría de oficio al infractor y el propio Varona tendría que interponer su demanda; pero, al hacerlo, toparía con el Artículo 56 de la Constitución monárquica, que establece: “La persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Esa cláusula, por cierto, convierte en un mal chiste el Artículo 14 del mismo documento, según el cual “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Lo privado, convertido en público

Fuera de esa situación de monstruosa desigualdad ante la ley, se podrá argumentar que todo mundo tiene derecho a la privacidad. Pero, en virtud del mismo estatuto legal de excepción del que gozan los integrantes del enjambre de zánganos llamado Casa Real de España, el conjunto de funciones reproductivas de los reyes, de los príncipes y de sus parientes, no pertenece al ámbito de lo privado, sino que constituye un asunto de interés público. Artículo 57 constitucional: “1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. 2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. [...] 4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes”.

Por lo demás, a Felipe y a Letizia no se les ve nada incómodos exhibiendo pruebas de embarazo, ultrasonidos y panzas de siete meses, alimentando las especulaciones sobre el sexo de sus engendros en camino y dando detallados partes de partos. Con qué cara van a indignarse cuando alguien los dibuja en momentos previos del proceso de hacer herederos al trono.

Ninguno de los elementos de la portada de marras incurre en falsedad: la disposición de los dos mil 500 euros por bebé tiene un claro tinte electoral; Borbón y Ortiz tienen relaciones sexuales (aunque deba concederse que no hay datos precisos sobre las posiciones de su preferencia) y el primero no ha tenido en su vida un solo puesto laboral digno de tal nombre. En suma, Del Olmo ha estipulado que la verdad es injuria. Y a otra cosa:

Julio César Mosches, poeta, narrador y periodista, cumple hoy sus primeros 90 años. A lo largo de ellos ha dejado regados un montón de libros por su natal Argentina, por Israel, por Estados Unidos y por México, y otro montón de páginas impresas en diarios y revistas de muchos países. Felicidades, Julio César, hombre de naciones y de letras; que cumplas muchos años y muchos libros y muchos textos más, y que vivas el Siglo XXI con la misma entereza con la que pasaste por el XX.