“Yo no mandé el agua”

• Melo, Marín, Calderón y 32 muertos
• Inmundicia y deslave

Eso dijo el gobernador de Puebla, Mario Marín, cuando fue a San Miguel Eloxochitlán a posar para las cámaras de los medios y hacer como que hacía algo ante la tragedia --32 muertos-- del autobús sepultado por un deslave causado por la lluvia en la carretera paupérrima que une a ese poblado del municipio de Zacacoapan (700 habitantes) con Tlacotepec: “Yo no mandé el agua” . El funcionario no estuvo en el lugar más de 45 minutos, tal vez porque nadie en el pueblo tuvo la cortesía de ofrecerle unas botellas de coñac, o acaso porque algunos habitantes de la localidad le formularon preguntas que no le gustaron. Uno de ellos fue Donato Trujillo, consejero de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien le recordó que desde un año antes los pobladores habían advertido a las autoridades --las dependencias estatales de Comunicaciones y Desarrollo Social-- sobre pequeños deslaves en el cerro que acabó de desgajarse la semana pasada, y que éstas ignoraron los reclamos. Habrían debido prevenir, le decía Trujillo Martínez, a lo que Marín replicó con brusquedad: “¡Tú dime cómo!”. “Yo, la verdad, ya no le dije nada, porque soy una persona educada, porque no son las respuestas que un señor como él debe decir”, relató el consejero. Pero Marín ya estaba desatado: “Yo no mandé el agua! ¡Díganme ustedes dónde va a ser el próximo derrumbe!” Ya más calmado, el gober, quien además de precioso es sabio, pronunció una breve conferencia en la que habló sobre los efectos perniciosos de la tala inmoderada y a continuación se retiró del sitio, tal vez a disfrutar en Casa Puebla del coñac que no le ofrecieron en Eloxochitlán.

No se requiere de un título en ingeniería civil para saber que en buena medida los derrumbes y deslaves pueden prevenirse y hasta evitarse: cualquiera que haya viajado por alguna carretera que atraviese orografías abruptas habrá visto, por ejemplo, los tendidos de mallas en las laderas de los cerros. Los gobiernos del estado y del país habrían podido destinar a ese propósito los más de 35 millones de pesos que le fueron pagados a Miguel Cortés Moreno, ex dirigente local del Partido Nueva Alianza (Panal), por la realización de un dizque estudio llamado Deslizamiento de taludes y laderas de la Sierra Norte y Nororiental del estado de Puebla. El documento fue elaborado en apenas seis meses y tiene más de tres mil páginas, aunque 900 de ellas están repetidas para hacer bulto; hace referencia a 60 sitios "estudiados” y escogidos sin ningún criterio explícito, entre los cuales se clasifica como comunidades de alto riesgo a algunas que no lo son y se excluye a otras en las que sí hay alto riesgo de deslizamiento de taludes. “El aspecto más inquietante del trabajo es que los estudios geotécnicos realizados han resultado absolutamente insuficientes, aun para un trabajo preliminar”, afirmó un diagnóstico realizado por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

En todo caso, para tener noticia del peligro de derrumbes en San Miguel Eloxochitlán no era necesario gastarse 35 millones de pesos. El presidente municipal de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Rigoberto Melo García, afirmó que los habitantes de la región ya se esperaban un deslave como el ocurrido el 4 de julio y que, “antes de pasar esa zona, algunos pobladores se bajaban del vehículo miraban para ver si sobre el camino había rocas, y si no las veían, pasaban rápidamente”. El funcionario dijo que la carretera quedó afectada por el huracán Stan y que, sin embargo, las obras de mantenimiento se quedaron pendientes. El gober tronó contra Melo García y afirmó que éste “no llegó ni una vez, cuando yo estuve más de dos horas; ese presidente (municipal) quiere lucrar con el dolor humano; no me extraña, así actúan los de Acción Nacional”.

Dos años atrás, el 3 de agosto de 2005, todo era cordialidad entre Marín y Melo. Ambos asistían, en el auditorio municipal de San Miguel Eloxochitlán, a la instalación del Consejo Consultivo de la Comisión de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, en presencia de Vicente Fox. Dijo Melo (y transcribo literal del sitio de las Presidencia de la República): “Para nosotros los mayas, los mazatecos que vivimos en este municipio es un orgullo haber recibido durante estos años que usted ha trabajado, este beneficio del camino que era imposible soñar que algún día fuéramos beneficiados.” Y dijo Marín: “Hoy iniciamos aquí, señor Presidente, la construcción de la carretera a encomienda del Eloxochitlán con una longitud de 18 kilómetros de concreto asfáltico que beneficiará a una población estimada de cincuenta mil habitantes, principalmente de los municipios de Eloxochitlán, Tlacotepec de Porfirio Díaz, Axalpan y San Sebastián Zinacantepec”.



Tal vez el camino inaugurado en aquella ocasión no fuera el mismo en el que ocurrió la tragedia de la semana pasada. En todo caso, en enero de este año los alcaldes de Eloxochitlán, Huatlatlauca y Molcaxac hicieron llegar a Felipe Calderón un oficio en el que se alertaba sobre la posibilidad de un alud como el que tuvo lugar y se pedía “apoyo para el mejoramiento de accesos carreteros y servicios públicos”. Así lo dijo Javier López Zavala, secretario de Gobernación de Puebla. Laura Gurza, de la coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación federal, afirmó por su parte que esa oficina no recibió de las autoridades poblanas aviso alguno de riesgo de desastre.



El martes, El Universal informó que el gobierno poblano asignó la construcción del camino, sin licitación de por medio, a Esna Construcciones, propiedad de Edgard Nava, “constructor favorito” de Marín, el cual “no atendió denuncias ni advertencias sobre las deficiencias en la planeación y construcción de la carretera”. El presupuesto de la obra pasó de 12 millones de pesos a más de 21 millones, debido a que, indebidamente, la autoridad estatal fraccionó los contratos en distintos conceptos (terracerías, pavimentación, drenaje y señalización). Por este hecho, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló como “presunto responsable” de violaciones a la ley a Benjamín Lobato, funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Puebla. Ya en febrero de 2005, Juan Carlos Anaya, representante de la empresa Anes, presentó a ese dependencia un expediente en el que denunciaba al entonces subsecretario de Transportes, Ezequiel Aguilar, y a Lobato, quienes le habrían pedido “comisiones, sobornos" y cooperación para campañas políticas priístas”. Ese mismo día tres integrantes del equipo del gober precioso declararon que los señalamientos de la ASF eran ciertos, pero que correspondían a “un tramo distinto” de la carretera donde ocurrió la tragedia.

El olor a podrido no proviene precisamente de los 32 cadáveres. Provecho con su coñac, señor gober precioso.