El 12 de agosto de 2009 Felipe Calderón
Hinojosa fue informado de la red de corrupción que operaba en la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la que el ex director de
Operaciones de la paraestatal, Néstor Moreno, hoy imputado de
enriquecimiento ilícito, es hasta ahora la única parte visible. De
acuerdo con la nota de Patricia Muñoz Ríos publicada ayer en la
página 5 de La Jornada, la Comisión de Energía de la Cámara
de Diputados recabó información que prueba la existencia en la CFE
de un verdadero “cártel de la electricidad”, formado por
varios funcionarios, que se encarga de “ejecutar, simular y
encubrir toda una cadena delictiva... desde la preparación de las
bases de licitación (donde) se busca dirigirlas hacia un grupo
empresarial determinado, en el que participa en la elaboración de
dichas bases... hasta quien califica o descalifica las propuestas”.
Algunas de las más dudosas
adjudicaciones otorgadas bajo este esquema han privilegiado a
Iberdrola y a Repsol. Esta última ha sido beneficiaria sistemática
del calderonato a costa del patrimonio nacional, del bienestar y la
seguridad de la gente y de la soberanía misma del país. Para
proteger a esa transnacional se ha ordenado la inversión ruinosa de
dineros de Pemex, se ha inflado las facturas de la CFE para absorber
los altos precios de la electricidad comprada a Repsol, se ha
paralizado la operación de hidroeléctricas... Hace unos días, el
propio Calderón, instigado por Mariano Rajoy, ensayó en Argentina
una pataleta contra “las expropiaciones”, con el telón de fondo
de la inminente nacionalización parcial de Repsol por la presidenta
argentina, Cristina Fernández.
Otro aspecto significativo de la
información comentada es que el gobernante mantuvo a Néstor Moreno
como responsable de administrar los bienes de la extinta Luz y Fuerza
del Centro (LFC), de los cuales “nunca se hizo un inventario ni se
dio cuenta del destino de vehículos, material, equipo, dinero y
hasta pertenencias de trabajadores”. En tanto la administración
actual no exhiba en forma transparente y puntual qué hizo con las
propiedades de LFC, hay motivos justificados para suponer que los
miembros del equipo gobernante, coordinados en ese “cártel
de la electricidad” se robaron y se distribuyeron entre ellos los
activos de toda una paraestatal. ¿Investigados, imputados,
sancionados por ese saqueo monumental? Ni uno, hasta la fecha.
Por lo demás, hay indicios suficientes
para pensar que esa delincuencia organizada que opera en la CFE se
replica en otros sectores. Debe existir, por ejemplo, un “cártel
del petróleo”, como pudo deducirse, en su momento, del trapicheo
de contratos en los que se encontraba involucrado el extinto Juan
Camilo Mouriño, secretario de Gobernación y favorito de Calderón.
Hay sobradas razones, asimismo, para
ver, en el obsequioso desempeño oficial para con Televisa y en la
saña con la que este gobierno pretende impedir el resurgimiento de
Mexicana, la operación de un “cártel de las
telecomunicaciones” incrustado en la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes.
Están a la luz los pactos ilegales por
los que Calderón entregó varios puestos clave de su gobierno a la
cúpula charra que controla el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación, así como los montos astronómicos sacados del erario
y entregados a Elba Esther Gordillo: puede hablarse, por ello, de la
existencia de un “cártel de la educación”. Y así, por
el estilo, en otros rubros.
Todo ello, sin referirse a “la otra”
delincuencia, la que en el curso de este sexenio catastrófico ha
sido meticulosamente fortalecida por la “guerra contra la
delincuencia” que proclamó el michoacano desde los primeros
momentos de su presidencia usurpada.
Tendría que bastar con estos datos
para entender que el supuesto compromiso de Calderón “contra” la
delincuencia es mera ficción. Lo delictivo es origen, condición y
esencia de su ejercicio del poder.
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