Servidores o sirvientes

Si Leonardo Valdés Zurita, la mayoría de los consejeros electorales y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, doblan la cerviz ante Ricardo Benjamín Salinas Pliego, qué concesiones no harán ante El Chapo o ante El Lazca, quienes, al parecer, tienen más sicarios que el dueño de TV Azteca y, tal vez, más poder económico. En todo caso, dan más miedo.

La escaramuza que se libró en los primeros tres días de este mes entre el abonero y un sector de la ciudadanía mostró hasta qué punto la segunda se encuentra huérfana de autoridades, y hasta qué grado éstas operan no como servidoras de la sociedad, sino como sirvientas de los poderes mediáticos. Evidenció, también, que el proceso de entrega-recepción de las oficinas públicas se ha adelantado a los comicios y que el mismo secretario de Gobernación ya trabaja como guardaespaldas de Enrique Peña Nieto.

Antecedentes inmediatos: el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, anunció por Tuiter que en las frecuencias de las que es concesionario no transmitiría el debate sino futbol. “Si quieren debate, véanlo en Televisa, si no, vean el fútbol por Azteca”. Los príncipes del IFE se bocabajearon de inmediato, alegando falta de instrumentos jurídicos para hacer frente a tal insolencia. El señor que despacha en Bucareli, por su parte, tiene a la mano un instrumento jurídico incuestionable para ordenar la transmisión del debate en cadena nacional. En efecto, el Artículo 62 de la Ley Federal de Radio y televisión establece que

“Todas las estaciones de radio y televisión en el país, estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación”.

Entre las 22:00 del martes 1 y las 10:20 del jueves 3 de mayo se recibieron adhesiones a una petición legal dirigda al secretariode Gobernación, Alejandro Poiré para que aplicara el Artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión y establezca una cadena nacional a fin de dar difusión amplia y masiva al debate previsto para el domingo 6 entre los aspirantes a la presidencia. En ese lapso, siete mil 794 personas expresaron su adhesión en el sitio y 656 manifestaron, además, sus razones para ello. Aunque al momento de redactar estas líneas la Segob no ha dado respuesta por escrito a esa petición –tal y como la obliga el 8° Constitucional–, ayer emitió un comunicado (que aún no aparece en el sitio web de la dependencia) para informar que no ordenará la transmisión en cadena nacional del debate entre candidatos presidenciales. A Poiré la autoridad y el el cargo no le dan para más que para emitir un “exhorto” a los concesionarios y pedirles que ayuden, con lo que sea su voluntad, a la difusión del encuentro.

Ni modo: lo que hicimos fue entregarle al secretario de Gobernación un instrumento para restaurar una mínima dignidad institucional frente a los señores de horca y cuchillo de la televisión, y decidió tirarlo a la basura. Le dimos el margen que requería para comportarse con el decoro que no tuvieron los consejeros electorales y optó por alegar un “respeto” al IFE que es, en realidad, sumisión agachona ante los poderes fácticos.

Primera moraleja: los ciudadanos que deseamos una elección equitativa, legal –en letra y en espíritu– y confiable estamos solos y, para lograrla, sólo tenemos nuestra voluntad cívica y nuestra capacidad de organización. Porque las autoridades, IFE y Segob, están de antemano sometidas a los que no quieren confrontar ideas y a los que no ven las frecuencias propiedad de la Nación sino como una máquina de hacer dinero.

Segunda moraleja: este gobierno salió buenísimo para cuidar los intereses de los dueños de los medios pero no sirve para un carajo cuando se trata de garantizar la vida de los informadores. Y es que, mientras en los entretelones del poder (en Bucareli, o en el cruce de periférico y Viaducto Tlalpan) se concertaba el apapacho para Salinas Pliego, en Veracruz aparecían los cuerpos desmembrados de tres periodistas locales. Menos de una semana después del asesinato de Regina Martínez.

Por cierto, cuando Calderón puso a Poiré en el cargo, dijo que era para vigilar que la delincuencia organizada no se metiera en la elección. Hay motivos para dudar que cumpla con la instrucción porque, hasta donde se sabe, El Chapo, El Lazca y los otros capos tienen más sicarios que el dueño de TV Azteca y, tal vez, más poder económico. Y dan más miedo.