Y en pleno verano de 2012 México se vio de regreso a 1988,
cuando el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se renovaba a
sí mismo con votaciones fabricadas, elecciones a modo y candidatos mágicos que
lograban sobreponerse a la más honda de las aversiones populares para
convertirse en mandatarios electos.
Tal vez para algunos lectores extranjeros suene disparatado
hablar de régimen priísta cuando, según se sabe, el país lleva 12 años bajo gobiernos
emanados del Partido Acción Nacional. El dato que falta para comprender a
cabalidad la apreciación es que la sonada alternancia presidencial de 2000, que
habría debido ser histórica, fue, en cambio, mera historieta: para entonces,
Acción Nacional había cogobernado con el PRI en una alianza de facto
establecida desde 1988, cuando ayudó al aspirante presidencial priísta
derrotado, Carlos Salinas de Gortari, a imponerse en la Presidencia. A partir
de entonces, el sistema político dejó de ser monopartidista para transitar a un
modelo binominal estructurado alrededor de acuerdos básicos: imposición del
recetario económico neoliberal, disolución paulatina del Estado de bienestar,
desmantelamiento del Estado laico, integración económica con Estados Unidos y
supeditación política a Washington. En ese lapso, el poder político real fue
transferido de la vieja nomenklatura priísta, nacionalista, autoritaria
y corrupta –desbancada por los tecnócratas neoliberales educados en
universidades del país vecino del norte–, a una cúpula
político-mediático-empresarial no menos corrupta ni menos antidemocrática, pero
desprovista de nacionalismo.
Desde entonces, esa oligarquía ha venido dictando los
programas de gobierno y las reformas legales necesarias para transferir riqueza
colectiva a manos privadas, para recortar derechos políticos, económicos,
humanos, colectivos y de género. La famosa alternancia presidencial de 2000
entre priístas y panistas pudo realizarse en forma tersa y fluida porque el
poder real ya no estaba en la Presidencia sino en los grandes empresarios, los
concesionarios de la televisión, los consejos de administración de los bancos
que dominan la economía y (last but not least) la embajada de Estados
Unidos.
Entonces, muchos votantes creyeron de buena fe que con la
salida del Revolucionario Institucional de la residencia presidencial de Los
Pinos habría de terminar el largo periodo de autoritarismo y corrupción
características de las administraciones de ese partido. Pero Vicente Fox
gobernó con él, benefició a sus integrantes más corruptos con una plena
impunidad y heredó la maquinaria de complicidades, generación de consensos
mediante el reparto de prebendas y un completo repertorio de instrumentos para
cocinar fraudes electorales. Sin el PRI en la presidencia continuaron los
cacicazgos locales, la política económica generadora de millones de pobres y de
media docena de nuevos integrantes en la lista de Forbes, los acuerdos bajo la
mesa con la delincuencia organizada y el enriquecimiento astronómico de los
integrantes del equipo gubernamental. Seis años más tarde la mayoría del
electorado dio la espalda al PAN en las urnas, pero para entonces este partido
ya dominaba el arte de torcer la voluntad popular.
En un libro de reciente aparición,
La cocina del Diablo,
el antropólogo y politólogo Héctor Díaz-Polanco recopila una serie de trabajos
de científicos e investigadores que demuestran, mediante minuciosos análisis
estadísticos de los resultados oficiales, la derrota de Felipe Calderón y el
triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2006. En el libro no
sólo se describe la manera en que el Instituto Federal Electoral (IFE) infló la
votación de Calderón –mediante la transferencia ilegal de 5% de los sufragios
recibidos por el aspirante priísta, Roberto Madrazo– para que quedara arriba de
López Obrador con un margen de 0.56%, sino también la forma en que las
televisoras privadas y los intelectuales del régimen contribuyeron a convertir
en verdad oficial aquella impostura y a desacreditar y a acallar a quienes,
números en mano, señalaban que la victoria del panista era insostenible. A la
postre, Calderón fue impuesto en la Presidencia con la ayuda invaluable de los
legisladores del PRI –así devolvieron al PAN el favor de 1988– y con la
intervención de la embajada de Washington, como lo puso de manifiesto, años más
tarde,
un
cable de WikiLeaks.
Entonces, como ahora, las diferencias entre los tres principales
candidatos podían reducirse a dos proyectos de nación: el enarbolado por el PAN
y por el PRI, que es en realidad un plan de negocios basado en la concentración
de la riqueza, la exportación neta de capitales y de mano de obra, y el
desmantelamiento continuado de la propiedad pública para transferirla, a
precios de remate, a manos privadas.
Si los comicios de 2000 fueron una suerte de referéndum
sobre el balance de 70 años de gobierno priísta, en los de 2006 lo que estaba
en tela de juicio era el desempeño del ciclo entero de administraciones
neoliberales. La voluntad popular le fue adversa pero el régimen impuso a un
presidente espurio. Seis años después, y con el país hundido en las últimas
consecuencias del neoliberalismo (miseria multiplicada, desempleo al alza,
degradación institucional sin precedentes y una violencia delictiva fuera de
control), el referéndum volvió a plantearse: tres candidatos de la continuidad
político-económica (Josefina Vázquez Mota, por el PAN y Gabriel Quadri, por el
partido Nueva Alianza, además de Peña Nieto, por el PRI) frente a uno, López
Obrador, que volvió a la arena electoral con una nueva organización política
forjada en seis años y con presencia en todo el país (el Movimiento de
Regeneración Nacional, MORENA) y un programa concebido y redactado por una
cuarentena de intelectuales progresistas.
El régimen, por su parte, aprovechó ese lapso para construir
una candidatura alternativa al desgastado PAN. Enrique Peña Nieto, un priísta
tan jurásico como cualquier otro, fue posicionado en los medios y en las
encuestas, a golpe de dinero, como el aspirante presidencial joven, guapo y
dinámico que México necesitaba para salir de la trágica circunstancia en la que
lo sumió la administración calderonista. Pero la criatura se derrumbó sin la
protección de las entrevistas pactadas –con respuestas leídas en telemprompter–
en diciembre pasado, cuando Peña, ya precandidato, fue expuesto por primera vez
a los medios. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el aspirante
no fue capaz de citar tres títulos de libros que le resultaran importantes.
Los tropiezos continuaron en los días y semanas siguientes
cuando el priísta no logró recordar el monto del salario mínimo vigente ni el
precio de la tortilla, cuando se evidenció que no tenía claro si era candidato
o precandidato y, sobre todo cuando, en un encuentro con alumnos de la
Universidad Iberoamericana, se jactó de haber ordenado, como gobernador del
Estado de México, la bárbara represión policial contra el pueblo de San Salvador
Acento (mayo de 2006), episodio que incluyó un par de muertos a bala, el
allanamiento sin orden judicial de cientos de domicilios, el robo generalizado
de pertenencias, el apaleo ante las
cámaras de centenares de personas, la tortura y violación de decenas de mujeres
arrestadas, la grosera fabricación de cargos penales y la falsificación de
declaraciones. (Por cierto: entre las detenidas que sufrieron agresiones graves
y vejaciones se encontraba una ciudadana chilena que por entonces estudiaba
cine en la ciudad de México y que acudió a Atenco a filmar lo que ocurría. A
modo de indemnización recibió una orden fulminante de expulsión del país por el
gobierno democrático de Vicente Fox.) Peña tuvo que abandonar el plantel a las
carreras, entre gritos y abucheos, y en el resto de su campaña no volvió a
pararse en ninguna universidad.
La burla devino repudio social generalizado y casi unánime
pero el dinero hizo su tarea y las casas encuestadoras mantuvieron las
abultadas preferencias a favor de Peña Nieto en los sondeos de opinión. El
mecanismo de este milagro ya había sido explicado años atrás por la analista
política Leslie Bassett, de la embajada estadunidense, en
un despacho
confidencial a Washington: los pagos furtivos a medios periodísticos y
casas encuestadoras para que mantuvieran la ficción de la popularidad. A
excepción de la masa mediática del régimen –encabezada por la omnipresente
Televisa–, del puñado de intelectuales orgánicos del poder y del propio PRI,
Peña resultaba ética, política y humanamente inaceptable para el resto del
país, y se consideraba que su triunfo en las urnas sólo podría ser posible
mediante un fraude masivo. Con todo, había la esperanza de que el régimen se abstuviera de perpetrar una
segunda defraudación electoral al hilo y se resignara a perder el poder. A fin
de cuentas, se razonaba, resulta más fácil y menos costoso ganar una elección
limpia que organizar un paro general.
Pero la elección no fue limpia. Desde semanas antes de los
comicios fue asomando un alud de irregularidades clásicas que iban desde la
cooptación de empleados del IFE para hacer propaganda a favor del PRI y de su
candidato hasta el hallazgo de boletas electorales en manos de operadores
priístas, pasando por los indicios de compra masiva de votos en las regiones
urbanas y rurales más depauperadas. Un dato: el heredero de Peña Nieto en el
gobierno del Estado de México –la circunscripción política que rodea a la
capital– invirtió unos 120 millones de dólares del erario en 170 mil tarjetas
tarjetas de consumo prepagadas para canjearlas por sufragios para el PRI. Unos
70 dólares, en promedio, a cambio de la voluntad política de un ciudadano. En
un país con 18% de desempleo real, pérdida de 42% de la capacidad adquisitiva
del salario y 52 millones de almas ubicadas por debajo de la línea de pobreza,
la oferta tiene un atractivo innegable. Unos cinco millones de votos, estimó
López Obrador, fueron obtenidos de esa forma en el país por el candidato del
régimen.
La noche del 1 de julio se repitió, paso a paso, el guión
legitimador de 2006. El presidente del IFE compareció en cadena nacional para
informar que los resultados preliminares favorecían a Peña Nieto y, acto
seguido, Felipe Calderón hizo lo propio para dar su bendición al supuesto
triunfador, todo ello, a contrapelo de la legislación. Desde esa misma noche
los primeros grupos de inconformes se fueron a la plaza de armas de la capital
–el Zócalo– a protestar contra el intento de imposición. Tras el shock
inicial, las oposiciones políticas y sociales –los partidos con registro que
conforman el Movimiento Progresista y
MORENA, por un lado y, por el otro, el movimiento estudiantil #YoSoy132
y una diversidad de organizaciones sindicales, agrarias y sociales– se volcaron
a la tarea frenética de recopilar las pruebas –videograbadas y fotografiadas–
del fraude.
Diez días después de la elección el equipo de campaña de
López Obrador presentó ante el tribunal electoral un voluminoso recurso jurídico
para demandar la anulación de los comicios. El organismo deberá emitir su fallo
antes del 6 de septiembre. El movimiento social, por su parte, ha dado a
conocer un plan de resistencia que incluye la toma de las sedes de Televisa en
diversos puntos del país, manifestaciones masivas frente al tribunal electoral
y, en caso de que éste decrete la validez de la elección, el bloqueo del
recinto legislativo en el que Peña Nieto debería, eventualmente, tomar
posesión, el próximo 1 de diciembre.
A juzgar por las declaraciones de sus personeros, el régimen
piensa que este conflicto poselectoral es una mera reedición del de 2006,
cuando los partidarios de López Obrador permanecieron más de 40 días en plantón
en el Paseo de la Reforma, una de las principales de la capital. Desde fuera
del poder las cosas parecen distintas. En el último sexenio el poder público ha
exacerbado la rabia social hasta un punto peligroso. Ya no sólo hay que
lamentar los millones de desempleados y de pobres, los millones de niños sin
escuela y de enfermos sin hospital, sino, además, los 70 u 80 mil muertos que
le ha costado al país la guerra de Calderón, absurda y sin sentido a menos que
se juzgue su utilidad desde la perspectiva de las ganancias multiplicadas del
narcotráfico y de los contratistas de la industria bélica. Y el PRI ha sido
partícipe y corresponsable, en los estados que gobierna, de los saldos
demenciales de esta aventura.
La resistencia al fraude no se limita, hoy en día, a los
entornos del movimiento lopezobradorista, sino que unifica y articula a
organizaciones tradicionalmente opositoras al régimen con expresiones sociales
de última generación, como el movimiento estudiantil surgido desde el rechazo a
la candidatura de Peña, en mayo pasado –y que ha encontrado en las movilizaciones
de los estudiantes chilenos una fuente privilegiada de inspiración– y el
activismo febril en las redes sociales. En vastos sectores de la clase media y
aun en algunas casas de clase alta, la perspectiva de una recomposición del
régimen encabezada por el PRI produce aversión y vergüenza.
La periodista Denise Dresser escribió poco antes de los
comicios que la vuelta del priísmo a la Presidencia equivalía a que los
alemanes levantaran de nuevo el Muro de
Berlín. El ingenio de la metáfora expresa claramente el malestar nacional ante
este nuevo intento de imposición, pero oculta un fallo de juicio: a diferencia
de lo ocurrido en Alemania tras el derrumbe del muro y la reunificación
subsiguiente, la configuración del poder en México no ha experimentado cambios
sustanciales y el PRI nunca abandonó el poder; simplemente, se convirtió en el
PRIAN, que es la expresión local para designar al brazo político y partidista
del régimen. La insurgencia cívica del momento no es, en estricto sentido,
contra un candidato presidencial odioso, sino contra el sistema. El hecho de
que ese sistema pretenda recolocar en su fachada un logotipo partidario cargado
de recuerdos amargos de represión, corrupción, y soberbia, es un componente
adicional del agravio, pero no el sustancial. Lo fundamental es que el consejo
de administración que realmente gobierna pretende mantener encerrado al país en
el Parque Jurásico. Parece ser que la paciencia social se ha agotado y que si
los encargados no abren las puertas la sociedad se encargará de echarlas abajo.
¿Qué hay más allá del Jurásico? La respuesta está a cargo
del tribunal electoral y deberá emitirla a más tardar el próximo 5 de
septiembre. Si el organismo jurisdiccional acepta anular la pasada elección,
volverá a abrirse una oportunidad para iniciar la demolición del régimen por la
vía de las urnas, pues sería improbable que el priísmo lograra montar de nueva
cuenta un operativo fraudulento. Si el tribunal, en cambio, da por buenos los
comicios y su resultado, bien podría estar dando paso, en México, a una
secuencia social “egipcia”, es decir, una insubordinación social en gran escala
dispuesta a derribar al poder establecido. Está por verse. Es posible que, en
su insensibilidad y su empecinamiento, la oligarquía mexicana descubra que este
país tiene algo en común con Egipto, además de pirámides.
(Publicado en la revista chilena Punto Final, viernes 3 de agosto de 2012)
Parece ser que los votos comprados a
favor de Peña Nieto costaron más: de 500 a mil pesos, aunque en
algunas regiones particularmente miserables algunos ciudadanos
vendieron los suyos en 300 o menos. Pero ya no estamos en junio sino
en septiembre y ahora no se necesitaba de sufragios sino de miedo, y
éste salió mucho más barato: 400 pesos, han dicho unos que fueron
detenidos en Iztacalco cuando sembraban el pánico mediante
perifoneo. Tal vez estos individuos sean de los que en tiempos
normales, si es que aú puede hablarse de tal cosa, se ganan la vida
anunciando tamales oaxaqueños deliciosos y calientitos o pregonando
“se compran, estufas, lavadoras”, etc., y no vieron nada de malo
en cambiar la grabación por una sobre el anuncio de la llegada
inminente de los bárbaros de Antorcha Campesina.
